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Manual de procedimientos de servicios y procesos de inscripción, publicidad y organización del Registro

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PRESENTACIÓN

La entrada en vigor de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, obliga por ley a las Administraciones Públicas a poner en línea todos sus servicios públicos y a proveerse de los medios necesarios para que los ciudadanos puedan relacionarse electrónicamente con todos los organismos públicos.

El Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se reguló por el Decreto 248/1998, de 30 de noviembre, con el objeto de crear un instrumento administrativo de publicidad, transparencia y control de los convenios y acuerdos de voluntades firmados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Posteriormente, el Decreto 30/2010, de 19 de agosto, efectuó una nueva regulación con el fin de adaptar la normativa a las necesidades derivadas del incremento de las relaciones de colaboración y de una mayor presencia exterior de la Comunidad de Castilla y León, abordando también un proceso de agilización y simplificación de la tramitación administrativa y estableciendo la posibilidad de adaptar el funcionamiento del registro a las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Después de la experiencia de estos dos años de puesta en marcha de la modernización del Registro General de Convenios, se han ampliado las funciones que tiene encomendadas y concretado los elementos de modernización por lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aprobando las aplicaciones electrónicas que van a dar sustento a la organización y funcionamiento a través de soportes, medios y aplicaciones informáticos, electrónicos y telemáticos del Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, cumpliendo además con las prescripciones de la normativa reguladora de la utilización de técnicas de Administración Electrónica por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Por ello, a la vez que se aprueba el Decreto 66/2013, de 17 de octubre, por el que se regula el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y conforme prevé su Disposición Adicional, la Secretaría General de la Consejería de la Presidencia, en coordinación con la Dirección General de Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, ha elaborado este Manual de Procedimientos de Servicios y Procesos, cuya implantación puede ser de utilidad para que, en el marco de la Sociedad de la Información, el Registro General cumpla el papel que le corresponde.

Esta versión ha sido aprobada por la Viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales con fecha 27 de enero de 2017 conforme establece el apartado 4º de la Disposición Adicional del Decreto 66/2013 y actualiza el Manual 2.1 aprobado con fecha 3 de octubre de 2016 con las mismas pautas y formas de actuación pero se complementa con los criterios del nuevo marco jurídico del Derecho administrativo español que establecen las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

A este respecto, la LRJSP (en concreto en el Título Preliminar, Capítulo VI, artículos 47 a 53) en materia de convenios adoptados por las Administraciones Públicas, distingue entre los llamados convenios interadministrativos y los convenios con particulares, como negocios celebrados con sujetos de derecho privado. Mientras que los primeros ya se regulaban en el artículo 6 de la ley 30/1992 bajo la denominación de “convenios de colaboración”, hasta la Ley 40/2015 los convenios con particulares no eran recogidos salvo lo previsto en el RD 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que los excluye del ámbito de la contratación pública. Esta circunstancia no impedía que la normativa autonómica Decreto 66/2013, de 17 de octubre, por el que se regula el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León ya regulaba estos convenios con particulares, concretamente en la Sección 4 se inscriben los convenios con personas físicas o jurídicas privadas, fundaciones privadas sociedades mercantiles, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, medios de comunicación, organizaciones extranjeras privadas, entre otros.

Igualmente, la LRJSP excluye expresamente de la definición de convenios, los “protocolos generales de actuación” o instrumentos análogos que incluyan meras declaraciones de intenciones y que no tengan contenido obligacional. Esta misma instrumentalización establece el Registro General Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que articula como convenios de colaboración los instrumentos en los que se establecen obligaciones concretas, frente otros instrumentos de colaboración o acuerdos sin  eficacia obligacional cuyo cumplimiento no es susceptible de ser exigido jurídicamente, con independencia de que pueda adoptar distintas denominaciones como “acuerdo de colaboración”, “protocolo general”, “protocolos de coordinación”, “declaración de intenciones”, “manifestación de voluntades”, “pacto”, “memorándum” o similares. A diferencia de la normativa estatal, la autonómica ordena inscribir en el registro ambos tipos de instrumentos.

Respecto a los requisitos se ha incorporado al Manual aquellos otros adicionales que establece la Ley como:

  • respecto del plazo de vigencia, conviene advertir que no puede ser superior a cuatro años, prorrogables otros cuatro, salvo que normativamente se establezca uno superior,
  • la nueva obligación de remisión de los convenios administrativos al Tribunal de Cuentas u órgano autonómico equivalente cuando los compromisos económicos superen los 600.0000 euros, así como sus prórrogas y modificaciones,
  • las normas transitorias respecto de los convenios que estén vigentes a la entrada en vigor de las LRJSP y que ya se habían recogido en la Administración de Castilla y León en la Resolución de 29 de septiembre de 2016 de la Comisión de Secretarios Generales por el que se aprueban criterios para la aplicación de las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, como son:
    • La obligación de adaptarse los mismos a la nueva regulación en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley (02/10/2016).
    • La adaptación es automática para los convenios suscritos y vigentes que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la Ley.

Cabe señalar que el presente manual deberá revisarse y se pondrá al día en atención a las modificaciones que dicte la práctica diaria, a las disposiciones que establezca la Administración y a las orientaciones que puedan derivarse de las innovaciones tecnológicas en continuo desarrollo.