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Competencias Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno

Además de las competencias previstas en el artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, corresponden a la Dirección General de Transparencia y Buen gobierno las siguientes atribuciones:
  1. El diseño, impulso, coordinación y supervisión de actuaciones en materia de publicidad activa, acceso a la información pública y reutilización de la información.
  2. El impulso y seguimiento de la participación ciudadana regulada en el título III de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
  3. La relación con el Comisionado y la Comisión de Transparencia de Castilla y León.
  4. La coordinación de los perfiles en redes sociales de la Junta de Castilla y León, así como de la Administración de la Comunidad y de sus entes adscritos.
  5. La dirección y coordinación de los contenidos de los portales web corporativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
  6. El diseño, impulso y la coordinación de cualquier otra actuación relacionada con el Gobierno Abierto.
  7. La supervisión de la correcta aplicación de la normativa sobre buen gobierno, ética pública y conflictos de intereses.
  8. La gestión del registro de intereses de altos cargos y la gestión del régimen de intervención en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la administración autonómica.
  9. La dirección, coordinación y actualización del Sistema de información de procedimientos y servicios de la Administración de la Comunidad para su racionalización y simplificación, así como la coordinación y promoción del intercambio de información y datos entre las AAPP para facilitar la tramitación y simplificación de los procedimientos administrativos.
  10. La elaboración de directrices de calidad normativa, así como el desarrollo de actuaciones necesarias para su mejora.
  11. Informar con carácter preceptivo las evaluaciones de impacto normativo en aquellos casos en que su elaboración sea preceptiva así como la creación, modificación y supresión de los procedimientos administrativos relativos a regímenes de intervención.
  12. El diseño, impulso y seguimiento en el ámbito de la Administración de la Comunidad, de las actuaciones necesarias para la eliminación de trabas, la reducción de cargas administrativas y la simplificación de procedimientos administrativos, asegurando la coordinación entre las Consejerías y promoviendo la cooperación entre todas las Administraciones Públicas.
  13. La coordinación, el dictado de disposiciones de carácter general, instrucciones y el diseño funcional necesario, a nivel corporativo, para la efectiva implantación de la legislación básica del Estado en materia de procedimiento Administrativo Común y régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
  14. Cualquier otra que se le atribuya, desconcentre, delegue o encomiende.

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