Convenios de Colaboración Estado - Castilla y León

Constituyen, junto con las Conferencias Sectoriales, el instrumento de cooperación de uso más frecuente en el Estado Autonómico por la libertad de pacto característica de esta figura, que le otorga una especial idoneidad y flexibilidad para fijar el contenido de los acuerdos que quieren alcanzar el Estado y las Comunidades Autónomas.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que entra en vigor el 2 de octubre de 2016, dedica el Capítulo VI de su Título Preliminar a la regulación de los convenios.

Establece que son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. No pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su artículo 58.3 establece que la Junta de Castilla y León y el Gobierno de la Nación, en el ámbito de las competencias respectivas, pueden suscribir convenios de colaboración y hacer uso de otros instrumentos de cooperación que consideren adecuados para cumplir los objetivos de interés común.

Los convenios de colaboración con el Estado sirven para articular una colaboración eminentemente técnica que exterioriza el trabajo de órganos más políticos como son las Conferencias Sectoriales.

La mayor parte de los convenios tiene contenido financiero, generalmente se trata de cofinanciación por ambas partes, cada una con su propia participación en la actuación común.

Aunque formalmente son instrumentos de cooperación de naturaleza bilateral, en la práctica el Estado de forma gradual ha ido impulsando un tratamiento multilateral a la política de convenios, proponiendo el mismo, o muy parecido texto, a todas o una gran parte de las Comunidades Autónomas. Como resultado, una parte muy significativa de los convenios suscritos tienen la consideración de “convenios de suscripción generalizada”, ya que han sido firmados con todas o la gran mayoría de las Comunidades Autónomas y responden a políticas generales a desarrollar en colaboración con las Comunidades Autónomas y en todo o la mayor parte del territorio nacional.

En la actualidad, un número significativo de convenios tiene vigencia plurianual o se prorroga anualmente, manteniendo una colaboración ya establecida.

Desde un punto de vista del ámbito material, destacan por su importancia los convenios en el ámbito de las políticas sociales, educativas, las infraestructuras y las políticas medio ambientales.

Dentro de los convenios de colaboración suscritos entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los últimos años destacan por su número los firmados con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Ministerio de Economía y Competitividad.

En los últimos años se ha podido observar un descenso general del número de convenios de colaboración suscritos entre el Estado y la Comunidad de Castilla y León derivado de la situación de crisis, que ha implicado la puesta en marcha de medidas para el control del gasto público.

Se puede consultar los convenios de colaboración de la Junta de Castilla y León con el Estado inscritos en el Registro Electrónico de Convenios desde 1983 hasta la fecha, accediendo al texto completo del convenio:

  Consulta on-line del Registro de Convenios de Castilla y León